Blog sobre El ascenso de los gobiernos tecnócratas: Carlos Salinas de Gortari 1988-1994
Reformas constitucionales:prebendas a la iglesia y enajenación del ejido.
El crecimiento de la producción agropecuaria a partir de 1970 ha sido inferior al incremento demográfico nacional y también al incremento de la población rural. Desde entonces, el sector rural se empobrece gradual y continuamente, se separa de otros sectores y actividades, se debilita.
El campo está diferenciado internamente con mayor agudeza que otros sectores y que el conjunto de la sociedad. El efecto de la prolongada crisis se acumula sobre los campesinos pobres, la gran mayoría del sector rural. Muchos de ellos son indígenas, los pobres entre los pobres. El combate a la pobreza y deterioro ruralson la principal motivación del cambio a la legislación, que es apenas uno de los componentes de la transformación integral que el campo exige.
El diagnóstico estableció y documentó que el ordenamiento jurídico previo se cumplía de manera limitada y distorsionada, que muchas de las iniciativas y reacciones de los campesinos y productores rurales quedaban al margen de la ley. Destaca el mandamiento para repartir la tierra ilimitadamente que no podía cumplirse pero que generaba incertidumbre y amenaza sobre los poseedores, fueran ejidatarios o propietarios. La tierra ejidal se vendía, rentaba y traspasaba al margen de la ley y en perjuicio de los ejidatarios. La incertidumbre agra-ria, acentuada por la intervención discrecional de autoridades administrativas, incidía en la inversión, la frenaba y elevaba sus riesgos. La inversión privada se volvió escasa y especulativa para recuperar casi de inmediato. Surgió la llamada agricultura minera que extraía y depredaba los recursos de la tierra con urgencia y violencia, como si fuera una veta mineral. La inversión pública era, es y será insuficiente para cargar sola con el peso del desarrollo del sector agro-pecuario. El campo se descapitalizó, se agotaron recursos no renovables y se erosionaron tierras y aguas. El “capital” de la naturaleza se dilapidó en la incertidumbre, la irresponsabilidad, el anonimato y la impunidad.
La organización de los campesinos ejidatarios, sometida por la ley a autoridades administrativas, perdió iniciativa, fuerza y autonomía. La relación entre los campesinos y el Estado se volvió clientelar y populista. Sus intermediarios lucraron y se apoderaron de la representatividad y poder político en su beneficio particular. La participación política del campo descendía en proporción y calidad hasta quedar como un apéndice de otros intereses y sectores. La exclusión, silencio e indiferencia cercaban al campo, lo relegaban en la agenda nacional.
El propósito eminente de la política agropecuaria, la autosuficiencia, se perdió desde 1970. Los sistemas públicos de apoyo al campo favorecieron la concentración económica y geográfica. Las burocracias crecieron, pero no la atención ni los servicios. Los precios de garantía, el apoyo más cuantioso que recibían muy pocos productores, acabó por elevar el precio de los alimentos para los residentes y trabajadores rurales más pobres que no tenían acceso a los subsidios urbanos. El crédito y el seguro altamente concentrados no promovían la producción, la simulaban. El campo fue más un pretexto que un propósito. Todos participamos en ese encubrimiento.
Así era el paraíso perdido al que nos proponen regresar. Todo eso sucedió bajo la ley que sirve de pretexto a la nostalgia y añoranza. Esa ley, en sí misma, fue buena en su momento, pero se había vuelto extemporánea, sobrevivió a su tiempo y circunstancia. Debió haber cambiado antes. No sucedió por muchas y complejas razones, con frecuencia ajenas a la demanda y la aspiración campesina.
El diagnóstico, ampliamente compartido, concluía que los parches y remiendos ya no alcanzaban para cubrir las desgarraduras. Era indispensable un cambio profundo y radical. Ese es el origen de la reforma al Artículo 27 constitucional.
Las organizaciones rurales y las de la sociedad habían expresado ampliamente sus demandas y propuestas en todos los foros, en todos los espacios y oportunidades. Estos reclamos solamente podían atenderse verdaderamente con cambios y transformaciones. Cada organización, cada sector, cada región exigía las modificaciones derivadas de su experiencia y perspectiva. La demanda de cambio se expresaba en lo particular y lo preciso; a veces las exigencias resultaban contradictorias. La atención a los reclamos concretos constituye una fase de la amplia consulta que sustentó la iniciativa de reforma del Titular del Poder Ejecutivo. Un diálogo amplio, franco y permanente se estableció entre el Presidente de la República y las organizaciones rurales. En giras, encuentros y reuniones frecuentes se comentaron una y otra vez problemas y propuestas.
México y la OCDE
El 18 de mayo de 1994, México se convirtió en el miembro número 25 de la OCDE; el "Decreto de promulgación de la Declaración del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre la aceptación de sus obligaciones como miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos" fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio del mismo año. En un plano de igualdad, México analiza las políticas públicas de los países miembros.
Beneficios para México
Algunos de los beneficios específicos del ingreso de México a la OCDE son:
1. Las políticas públicas en los distintos ámbitos son contrastadas con la experiencia de las mejores prácticas en el ámbito internacional.
2. La administración pública en México se ha visto fortalecida.
3. Distintos sectores del país también pueden hacer uso de análisis de información relevante.
4. La OCDE ha hecho un buen trabajo al contribuir a un mejor entendimiento de algunos asuntos de políticas públicas en México.
Participación de México en la OCDE
La participación en la OCDE ha permitido a México aprovechar las experiencias de otros países y a la vez dar a conocer mejor la economía mexicana ante los demás países miembros. Asimismo, México ha servido como puente de comunicación entre los países industrializados y los países en desarrollo, sobre todo de la región latinoamericana.
México, además, ha presidido en dos ocasiones la Reunión de Consejo a nivel Ministerial de la OCDE, la reunión más importante del año en la Organización. La primera ocasión fue en 1999. La segunda tuvo lugar en el 2004 y contó con la presencia de cuatro Secretarios de Estado mexicanos: Luis Ernesto Derbez, Secretario de Relaciones Exteriores, Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando Canales, Secretario de Economía, y Julio Frenk, Secretario de Salud, quien presidió el evento simultáneo de la Reunión Ministerial de Salud.
La OCDE ha efectuado estudios y evaluaciones de México en diversas materias y también ha celebrado en nuestro país reuniones y seminarios. Se ha buscado también que los trabajos de la OCDE tengan amplia difusión y puedan ser aprovechados. México es uno de los cinco países miembros en donde la OCDE ha establecido un centro de distribución de publicaciones.
Contribuciones de México a la OCDE
Proceso de democratización persecución a opositores, primeros gobiernos estatales de 1989.
Las elecciones del 2 de julio del año 1989 inauguraron un nuevo periodo enel sistema político mexicano. La victoria en las urnas del candidato panista a la gubernatura de Baja California abrió una vía inédita en el sistema electoral de México al permitir que un gobernador que no era del partido oficial ocupara el Poder Ejecutivo en una entidad de la República. A partir de ello, la larga transición democrática2 entró también en otra etapa. Se le comenzó a llamar la "vía centrípeta" o la "vía federalista"3 a la democracia. Lo cierto es que hasta marzo del año 2000, diez entidades y el Distrito Federal fueron gobernados por la oposición.
El hecho de nombrar a estos gobiernos como de "oposición" puede parecer paradójico o contradictorio, ya que en Baja California el pan ocupa el
Poder Ejecutivo desde hace diez años y en Guanajuato duró ocho. Sin embargo, dada la cultura política de partido único que por sesenta años dominó en México, el concepto tiene consenso entre los estudiosos e inequívocamente se refiere a gobiernos emanados de un partido diferente al Partido
Revolucionario Institucional, aunque éste justamente en dichas entidades sea la oposición. En tales estados también se reconocen las diferencias que existen entre el pri, como oposición, que ha sido gobierno por muchos años, y partidos como el Verde Ecologista de México (pvem) o el Auténtico de la
Revolución Mexicana (parm), por mencionar sólo a dos, que nunca han alcanzado el poder.
Es interesante señalar que a partir del año 1997 la oposición ha venido
ganando gubernaturas de manera consistente. Si la primera se logra en 1989
en Baja California, la segunda - aun cuando fuera por medio de una "concertacesión" se consigna en 1991 en Guanajuato, y la tercera en 1992 en
Chihuahua, todas ellas panistas, y tres años después, en 1995, se ratifican
Baja California y Guanajuato y se agrega Jalisco. Así, para el año 1995 hay
cuatro gobiernos estatales panistas. Según lo muestra el cuadro 1 A,4 dos años
después, en las elecciones de 1997, el pan cosecha triunfos en Nuevo León y
Querétaro, con lo cual alcanza seis gubernaturas. También por primera vez,
un partido de izquierda triunfa en una entidad, que además es el centro y la
ciudad más grande del país: el Distrito Federal. Ciertamente, en sentido estric-
to el Distrito Federal no es un estado de la federación, pero es comparable. El
PRD lanza como candidato a Cuauhtemoc Cárdenas, quien arrolla en las ur-
nas al pri.5 Esto marca, sin duda, también una etapa en el largo periplo demo-
crático mexicano.
En el año 1998, el pan se estanca en su crecimiento pues, aunque triunfa
su candidato en Aguascalientes, pierde el estado de Chihuahua. Será el prd
el que continúe en ascenso pues gana en dos entidades.
Creación del Instituto Federal Electoral (IFE).
El Instituto Federal Electoral (IFE) fue el organismo responsable de cumplir con la función de organizar las elecciones federales de México, es decir, las relacionadas con la elección del Presidente de México, Diputados Federales y Senadores que integran el Congreso de la Unión. Fue la máxima autoridad administrativa en materia electoral en los Estados Unidos Mexicanos en el periodo 1990-2014.
Técnicamente era un órgano constitucional pues, al igual que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, nace directamente de los Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fracción V del artículo 41). Inició sus operaciones el 11 de octubre de 1990 y las finalizó el 4 de abril de 2014.
En agosto del 2007 los diputados acordaron remover a los consejeros del IFE (consejeros electorales) y ampliar las facultades de fiscalización, así como nuevas atribuciones en materia de radio y televisión, respecto a la propaganda electoral.
Tras la reforma político electoral impulsada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se acordó la disolución del IFE para dar paso a la nueva institución que se encargará de los asuntos electorales a nivel federal, creando así al nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) que entró en funciones a partir del 4 de abril de 2014.
El Instituto Federal Electoral tenía competencia en toda la federación, por lo que cuenta con órganos centrales ubicados en la capital federal; órganos locales, uno en cada entidad federativa y órganos distritales, uno en cada distrito electoral federal uninominal.
En cada nivel cuenta con órganos de dirección (Consejos), órganos ejecutivos (Juntas) y los órganos de vigilancia (Comisiones), además en el nivel central cuenta con órganos técnicos.
Adicionalmente, formaba parte del Instituto la Contraloría General.
Órganos centrales
Su máximo órgano de dirección fue un Consejo General, constituido por nueve Consejeros Electorales con voz y voto, designados en mayoría calificada por la Cámara de Diputados, de los cuales uno es nombrado Consejero Presidente. Su renovación era escalonada cada 3 años y duran en su ejercicio 9 años, salvo el Consejero Presidente que es nombrado por 6 años pudiendo ser reelegido. También lo integraban solo con voz pero sin voto, un representante por cada fracción parlamentaria y uno por cada partido político nacional con registro. Por último, el Secretario Ejecutivo era parte integrante del Consejo General, como su Secretario General.
La Junta General Ejecutiva del Instituto de conformidad con el artículo 121 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales era presidida por el Presidente del Consejo y se integraba por un Secretario Ejecutivo y con los Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de Administración.
La Comisión Nacional de Vigilancia era el órgano de vigilancia conformado por el director Ejecutivo del registro Federal de Electores que la preside, los representantes de los partidos políticos nacionales, un Secretario designado por el presidente de la Comisión de entre los miembros del servicio profesional electoral con funciones en el área registral y un representante del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Los órganos técnicos fueron los siguientes:
- Coordinación Nacional de Comunicación Social
- Coordinación de Asuntos Internacionales
- Unidad de Servicios de Informática (Unicom)
- Dirección Jurídica
- Dirección del Secretariado
- Centro para el Desarrollo Democrático
- Unidad Técnica de Planeación
- Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos
- Comité de Radio y Televisión
- Órgano Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información
- Comité de Gestión y Publicación Electrónica
- Unidad Técnica de Servicios de información y Documentación
- Unidad de Enlace (en materia de transparencia)
- Unidad Editorial
Órganos locales
En cada entidad federativa el Instituto contaba con un consejo local y una junta local ejecutiva. Existían en el país 32 Consejos Distritales y 32 Juntas Distritales Ejecutivas, es decir, una Junta y Consejo por cada entidad federativa, incluida la Ciudad de México.
Los Consejos Locales son órganos temporales que solo funcionaban durante el Proceso Electoral Federal y eran presididos por el Consejero Presidente, que era a la vez, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local, el Secretario es el Vocal Secretario, 6 Consejeros Electorales y un representante de los partidos políticos. Solamente el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales participaban con voz y con voto; concurren con voz pero sin voto el resto de los Vocales de la Junta Local correspondiente.
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 135 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), las Juntas Locales Ejecutivas, se encontraban integradas de la siguiente manera:
- Las juntas locales ejecutivas son órganos permanentes que se integran por: el vocal ejecutivo y los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y el vocal secretario.
- el vocal ejecutivo presidirá la Junta y será el responsable de la coordinación con las autoridades electorales de la entidad federativa que corresponda para el acceso a radio y televisión de los partidos políticos en las campañas locales, así como de los institutos electorales, o equivalentes, en los términos establecidos en este Código.
- El vocal secretario auxiliará al vocal ejecutivo en las tareas administrativas y sustanciará los recursos de revisión que deban ser resueltos por la Junta.
- Las juntas locales ejecutivas estarán integradas invariablemente por funcionarios del Servicio Profesional Electoral.
Las Comisiones Locales de Vigilancia se integran por un Presidente, que es el Vocal del registro Federal de Electores correspondiente, un representante de cada partido político nacional y un Secretario designado por su Presidente, de entre los miembros del Servicio Profesional Electoral
Órganos distritales
En cada distrito electoral uninominal tiene un Consejo Distrital y una Junta Distrital Ejecutiva. Hay 300 Distritos Electorales Federales.
Los Consejos Distritales son órganos temporales que solo funcionan durante el Proceso Electoral Federal y son presididos por el Consejero Presidente, que es a la vez, el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital, el Secretario es el Vocal Secretario, 6 Consejeros Electorales y un representante de los partidos políticos. Solamente el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales participan con voz y con voto; concurren con voz pero sin voto el resto de los Vocales de la Junta Distrital correspondiente.
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 145 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), las Juntas Distritales Ejecutivas se encuentran integradas de la siguiente manera:
- Las Juntas Distritales ejecutivas son los órganos permanentes que se integran por: el vocal ejecutivo, los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y un vocal secretario.
- El vocal ejecutivo presidirá la Junta.
- El vocal secretario auxiliará al vocal ejecutivo en las tareas administrativas de la Junta.
- Las Juntas Distritales ejecutivas estarán integradas invariablemente por funcionarios del Servicio Profesional Electoral.
Las Comisiones Distritales de Vigilancia se integran por un Presidente, que es el Vocal del Registro Federal de Electores correspondiente, un representante de cada partido político nacional y un Secretario designado por su Presidente, de entre los miembros del Servicio Profesional Electoral.
Me pareció muy completa la información, podría decir que con eso quedo muy claro estos temas
ResponderBorrarLupita esta muy bien redactado, sin embargo creo que le faltan algunos videos para complementar la información.
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